El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón ha formalizado un ambicioso programa de asistencia técnica y logística destinado a naciones sudamericanas que enfrentan la creciente amenaza de flotas pesqueras extranjeras, principalmente de origen chino, que operan de manera ilícita en sus zonas económicas exclusivas. Esta iniciativa, canalizada a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cuenta con una inversión inicial de 300 millones de yenes (aproximadamente 1,9 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). El objetivo central es dotar a países como Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay de herramientas de última generación, incluyendo drones de vigilancia de largo alcance, botes patrulleros inflables y software de análisis de imágenes.
Dentro de este esquema de cooperación, Ecuador se posiciona como el receptor más crítico debido a la incalculable biodiversidad que alberga la Reserva Marina de Galápagos. El territorio ecuatoriano ha sido, históricamente, el escenario de las tensiones más agudas con la flota pesquera china. La memoria colectiva del país aún mantiene presente el incidente de 2017, cuando el buque carguero Fu Yuan Yu Leng 999 fue interceptado dentro de la reserva con un cargamento ilegal de más de 6,600 tiburones, incluyendo especies en peligro de extinción.
Para el estado ecuatoriano, la ayuda japonesa representa un salto tecnológico vital. Las flotas que merodean las Galápagos suelen desactivar sus transpondedores GPS para volverse “buques fantasma”, dificultando su rastreo por radar convencional. Los drones y el equipo de análisis proporcionados por Tokio permitirán a la Armada del Ecuador identificar no solo la trayectoria de estas naves, sino también el registro de la embarcación y el tamaño de la tripulación a grandes distancias. Esto es fundamental para proteger la soberanía marítima ecuatoriana, ya que estas flotas, tras agotar los recursos en los límites de la reserva, suelen navegar hacia el sur, afectando posteriormente a las costas de Perú y Chile.
Si bien el enfoque en Ecuador es preventivo por la fragilidad de su ecosistema, la problemática se extiende con igual gravedad hacia el Atlántico Sur. En Argentina, la actividad pesquera en la zona conocida como la “Milla 201” ha experimentado un crecimiento alarmante. Datos de Global Fishing Watch indican que las horas de operación en esta área se sextuplicaron en la última década. Actualmente, la Prefectura Naval Argentina monitorea a más de 500 buques extranjeros que arriban para la zafra del calamar, detectando que muchos de ellos no solo extraen recursos, sino que realizan mapeos sospechosos del lecho marino y de la plataforma continental, actividades que sugieren prospección minera o de inteligencia.
Un aspecto innovador y disruptivo de la asistencia japonesa es la atención a la crisis humanitaria que ocurre a bordo de estas flotas. Se ha denunciado que trabajadores, mayoritariamente del sudeste asiático, son sometidos a condiciones de esclavitud moderna: jornadas extenuantes, falta de control térmico en las naves y maltratos físicos recurrentes. Japón ve en este fortalecimiento de los guardacostas sudamericanos una oportunidad doble: proteger los recursos marinos globales y salvaguardar de forma total la integridad de los ciudadanos asiáticos explotados en aguas americanas.
Japón, que enfrenta retos idénticos en el Banco de Yamato dentro de sus propias aguas, busca proyectar su liderazgo en la seguridad marítima. Para Ecuador, esta cooperación es una tabla de salvación ante la falta de capacidades técnicas para patrullar un área tan vasta como su mar territorial. La integración de tecnología japonesa no solo busca frenar la pesca ilegal y no reglamentada, sino también garantizar y establecer que la “industria” del mapeo ilegal del fondo marino no comprometa la seguridad nacional de los Estados ribereños de Sudamérica.
Fuente: Infobae