El Gobierno de Colombia decidió eliminar los aranceles que había aplicado a las importaciones provenientes de Ecuador, conforme al Decreto 0583 emitido por su Ministerio de Comercio el 5 de junio de 2026. Así lo informó Gonzalo Gutiérrez Reinel, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), durante su intervención en el Foro Andino de Turismo realizado en Quito el 9 de junio. De acuerdo con lo señalado, la disposición comenzará a regir un día después de su publicación oficial en el Diario Oficial colombiano.
Este levantamiento pone fin a una escalada de medidas comerciales adoptadas por ambos países en el contexto de una disputa bilateral. Inicialmente, Colombia había establecido aranceles del 30 % a los productos ecuatorianos, pero estos se incrementaron progresivamente hasta ubicarse entre el 35 % y el 75 %. Por su parte, Ecuador fue el primero en aplicar medidas similares desde el 1 de febrero de 2026, con una tasa también del 30 %, que posteriormente aumentó hasta alcanzar el 100 % en mayo.
El Ejecutivo ecuatoriano, justificó la imposición de aranceles bajo el argumento de tratarse de una “tasa de seguridad”. Según explicó el Gobierno, la decisión respondió a la percepción de que la administración de Gustavo Petro no estaba adoptando acciones suficientes para garantizar la seguridad en la frontera común.
El impacto económico de estas medidas fue significativo, especialmente para las importaciones colombianas hacia Ecuador. Según datos del Banco Central, estas registraron una caída del 58 % en marzo de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos concretos, las importaciones sumaron USD 59,4 millones en dicho mes. Sin embargo, el descenso más pronunciado ocurrió en febrero, cuando la contracción fue del 66 %, evidenciando el fuerte impacto inmediato de la disputa comercial.
Durante el desarrollo de este conflicto, la Secretaría General de la CAN intervino y dispuso que ambos países debían retirar los aranceles impuestos. El organismo otorgó un plazo de 10 días hábiles para el desmontaje de estas medidas, plazo que finalizó el 21 de mayo de 2026. No obstante, las dos naciones realizaron acciones posteriores: Ecuador solicitó la reconsideración de la decisión, mientras que Colombia presentó reclamos ante la Secretaría General, los cuales todavía se encuentran en proceso de análisis.
Gutiérrez destacó que el periodo en el que estuvieron vigentes los aranceles generó efectos negativos sobre diversos sectores, en particular las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y la dinámica económica de las zonas fronterizas. Subrayó que el nivel de integración alcanzado dentro de la Comunidad Andina hace inconveniente la adopción de medidas que perjudiquen a estos actores. En ese sentido, expresó su preocupación por las consecuencias que tuvo la disputa para ambos países.
Sin embargo, también consideró que la decisión de eliminar los aranceles contribuye a fortalecer la integración andina, en la medida en que Ecuador y Colombia acataron las resoluciones emitidas por la Secretaría General el 7 de mayo. Este cumplimiento, a su juicio, reafirma el compromiso de los países miembros con las normas comunitarias.
Respecto a la devolución de los aranceles que fueron cobrados durante el periodo de vigencia de las medidas, el secretario general aclaró que dicha responsabilidad no recae en la CAN. Señaló que serán las autoridades nacionales, incluyendo operadores, normativas internas y sistemas judiciales de cada país, las encargadas de determinar si corresponde la devolución a los importadores afectados.
En el caso ecuatoriano especialistas explicaron que los importadores pueden solicitar la devolución directamente ante la Aduana, basándose en el pronunciamiento de la CAN que declaró improcedentes las medidas. En caso de no obtener una respuesta favorable, existe la posibilidad de acudir a instancias judiciales mediante una demanda ante un tribunal contencioso fiscal.
También destacaron un antecedente relevante: en mayo de 2026, el Tribunal de Justicia de la CAN emitió una interpretación prejudicial relacionada con una tasa de control aduanero aplicada por Ecuador en 2017. En aquella resolución, el tribunal determinó que los cobros realizados antes de que la Secretaría General declarara la ilegalidad de la tasa debían ser devueltos, ya que la medida era inválida desde su origen y no únicamente desde el momento en que fue reconocida como tal. Según el exfuncionario, este criterio podría aplicarse igualmente para la reciente controversia arancelaria.
Fuente: Primicias